El PSOE impulsa una ley para acabar con la prostitución con multas a clientes y prisión si la mujer es menor
En algunas regiones de España se ha contemplado este modelo, amparado por la “Ley mordaza”, que permitía sanciones tanto para los clientes como para las mujeres. Por su parte, la directora ejecutiva de la Coalición contra la trata de mujeres (CATW), Taina Bien-Aimé, ha defendido esta ley, insistiendo en que la trata es una forma de "esclavitud moderna". Así, ha rechazado la "impunidad e indiferencia" con la que se afronta este fenómeno en otros países.
"No las hay para casi ningún fenómeno social y menos para uno como éste, que es extraordinariamente complejo", señala este catedrático, que reclama tanto reformas legislativas como actuaciones policiales. Son mayoría los varones que viven solos y están separados o divorciados; poseen una visión "segregadora y machista" de la mujer; y consumen con frecuencia pornografía. A su juicio, la prostitución en España podría calificarse como una práctica "alegal", pero en internet, donde hay una "desinhibición del lenguaje" y un "avance en la cosificación de los cuerpos sin el menor autocontrol y autorregulación", se convierte en un fenómeno "normal y tolerado", lo que se traduce en una "legalización práctica". Otra forma de arruinar un país; mientras, nuestros científicos tienen que emigrar porque aquí no tienen futuro. "No tenemos constancia de que existan paquetes turísticos sexuales con destino a España, pero sí la sospecha de que podría haberlos. Y si aún no los hay, al paso que vamos no tardará mucho en haberlos, encontrándonos como nos encontramos dentro de las rutas de turismo de burdel", pronostica Barahona. «No estoy bien, y bueno, y que no me siento ni apoyada ni ayudada, me siento sola porque en realidad estamos solas, las prostitutas que venimos de afuera estamos solas.
Hablar de prostitución es hablar de trata, de las mujeres explotadas sexualmente en contra de su voluntad. Entre 2017 y 2020, fueron detenidas en España 883 personas por trata sexual y 824 por explotación sexual, según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Ministerio del Interior. Las víctimas relacionadas con estos arrestos ascendieron a 737 en el caso de la trata y a 1.872 en el de la explotación sexual. No obstante, en abril de 2016 el Consejo de Ministros alemán aprobó un proyecto de ley que establecía penas de prisión de tres meses a cinco años para quienes mantengan relaciones sexuales con prostitutas que no ejercen libremente esa labor, cuando el cliente sea consciente de ello. En Madrid, el grupo socialista municipal presentó el pasado mes de mayo una propuesta de ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual. Ya en 2017 la alcaldesa Manuela Carmena manifestaba que "se está multando en muchos casos" a los clientes de la prostitución en la ciudad porque así se contempla en la Ley Seguridad Ciudadana.
En cuanto a las normativas municipales españolas vigentes sobre la prostitución destaca por ejemplo la ordenanza de Barcelona, que rige desde 2012 y sanciona con 1.500 euros que pueden ascender hasta los 3.000, la prostitución callejera tanto a clientes como a prostitutas. El problema de este sistema es que no previene de la violencia, principalmente por parte de clientes, a los que las mujeres están expuestas. Además, este sistema podría usarse por parte de los proxenetas, y especialmente con mujeres de bajos recursos o inmigrantes, como pantalla para la trata de personas, contando además con el beneplácito de las autoridades. Este modelo protege más a las mujeres prostituidas y les da acceso seguro a servicios de salud, además de mejorar las condiciones en las que la prostitución es “tradicionalmente” ejercida. En la Comunidad Valenciana, además de ordenanzas municipales que ya imponen sanciones, la Generalitat ha propuesto en esa línea una serie de modificaciones normativas para sancionar la demanda de prostitución y a todo aquel que se beneficie de ella, y trabaja para que se lleven a cabo medidas de apoyo a las mujeres víctimas.
Esta tendencia fue revertida en 1954 con la Ley de Vagos y Maleantes aprobada por el gobierno franquista, que establecía por primera vez penas de prisión para las personas que se dedicaban a la prostitución, dado que la consideraban una actividad "inmoral y perjudicial para la sociedad". La relación del régimen franquista con la prostitución se endureció a partir de 1970, con la 'Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social', que establecía medidas de internamiento y rehabilitación para las prostitutas. Suecia se convirtió en 1999 en el primer país del mundo en castigar por ley a los clientes de la prostitución, un modelo copiado años más tarde por países como Noruega, Irlanda, Francia e Islandia. Como se ha comentado previamente, España no sigue un modelo concreto, puesto que aunque las directrices salen del gobierno central, cada comunidad puede hacer cambios en la legislación hacia un modelo u otro. Aunque sí se sabe que España es uno de los países “puente” (países por los que mueven a las mujeres víctimas de trata para perder el rastro) además de un país de destino cada vez más asentado, y el primer destino de prostitución de Europa, seguida por Alemania y Holanda.
A la vez, muchas mujeres tienen y activan estrategias para identificar posibles clientes violentos o evitar situaciones que pueden llevar a la violencia (Manning y Bungay, 2017). Sin embargo, una parte de violencia con el cliente se produce en la negociación sobre los servicios sexuales. El sexo de pago (trabajo sexual o prostitución, indistintamente) se encuentra en un momento de controversia importante en España, con planteamientos ideológicos diversos y, muchos de ellos, encontrados que no permiten el diálogo entre las posiciones establecidas. Mientras que un sector del feminismo considera la prostitución como una ocupación laboral que pueden tener las mujeres (ya sea temporal o permanente), otro sector lo considera un acto de violencia contra estas. Son posiciones que se encuentran polarizadas, con un discurso hegemónico que tiende a la criminalización de los actores y de la actividad más que a la implantación de derechos para que las protagonistas puedan ejercerla de manera segura.
"Se convierten en una máquina de hacer dinero", lamenta, al tiempo que asegura que España es el tercer país al que más víctimas de trata llegan en Europa. Esto dificulta que haya censos oficiales del número de burdeles que hay en España, aunque sí hay aproximaciones. Según cálculos de la Policía Nacional, en nuestro país hay unos 1.400 locales en los que se practica la prostitución, aunque este número no incluye los pisos de citas, que "cada vez hay más y además son incontrolables", según explica el inspector jefe de la Policía Nacional José Nieto. El fiscal delegado de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, explica que, al menos en su experiencia, el perfil típico de la prostituta es de una mujer extranjera que en muchos casos está en situación de irregularidad y que normalmente ejerce esta actividad por una situación de necesidad.
Porque ahí uno pasa muchas cosas que… los de afuera no lo ven, pero nosotras sí sabemos lo que se pasa. «Yo empecé a trabajar en la prostitución cuando llegué a España, yo pensaba que iba a conseguir un empleo normal… me dijeron que los almacenes, pero en vista de que yo me quedé vencida de la visa de tres meses en el confinamiento, entonces, cuando yo empecé a mirar eso ya no podía hacer papeles…» (E04). trans en terrassa de CIDOB amplía el foco a los países del Sahel, Irán, Turquía y los países del Golfo, centrándose en dinámicas de fragmentación, interdependencia y periferización.
"Sí, casi la mitad de nuestro clientes son extranjeros. Algunos vienen en grupo, otros solos. Hay de todo", nos confirma una empleada de ese local. En España, a pesar del ejemplo
holandés, se sigue debatiendo todavía sobre la conveniencia
o no de profesionalizar la prostitución. Es éste, un debate
abierto que, aunque necesario, incide, al igual que la falta de voluntad
política para adecuar las soluciones, en el retraso alarmante de
la puesta en marcha de los mecanismos legales necesarios para profesionalizar
el trabajo de la mujer prostituta. La reforma del Código Penal que promueve la proposición del PSOE dice que se considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. La definición está diseñada de tal forma que exonera de la comisión de un delito a conductas de mera receptación en el ámbito familiar del dinero procedente del ejercicio de la prostitución (que una prostituta traiga dinero a casa). No tenemos registros de cuántas mujeres ejercen la actividad, ni cuantos prostíbulos o pisos hay dedicados a ello, cifras exactas de cuántos hombres la consumen ni mucho menos el dinero que mueve.
En este mismo sentido se ha pronunciado el embajador de Suecia en España, H.E. Lars-Hjalmar Wide, quien ha aseverado que la compra de sexo, "del cuerpo de otra persona", no está bien. Suecia fue el pionero en penalizar a los clientes de la prostitución en una ley aprobada en 1999, una norma que, según ha declarado, ha servido de "barrera" contra el "mercado de mujeres y niñas". Llop ha destacado el "protagonismo" que tiene la lucha contra la trata en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que ha apuntado que en el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2019 remitido al Congreso está dotado con 4 millones de euros para proyectos y actividades para subvencionar entidades que atienden a víctimas de trata. En cuanto a las sanciones a los consumidores de estos servicios Llop ha apuntado que "hay que penalizar cualquier tipo de explotación sexual".